Ahora que parece que todo el
mundo va a empezar a pagar sus deudas, bueno, lo harán aquellos que reciban
dinero por conductos varios, claro, pero lo que este asunto del pago de las
deudas me trae a la mente no es otra cosa que la inyección de 35.000 millones
de € -óigame, calderilla, eh-, que el gobierno va a facilitar a ayuntamientos y
otros organismos de la administración pública, para que, vaciando los cajones
de facturas pendientes puedan afrontar el cumplimiento de la obligación de
pagarlas. Hasta ahí todo parece indicar que vamos camino de convertirnos en un
país serio, cuyas instituciones públicas cumplen con sus compromisos. Éstas
fueron, más o menos, las palabras pronunciadas no hace muchos días por el
propio presidente del gobierno, Sr. Rajoy. Y yo aplaudo, amigo lector, que nos
vayamos convirtiendo en un país serio; mejor dicho, que recuperemos la
seriedad, tantas veces perdida como tantas otras recuperada ¡vaya por Dios, qué
cruz! Pero también aplaudiría, y seguro
que con no menos energía, que también nos convirtiéramos en un país serio y
competente para no adquirir más compromisos que aquellos cuyo cumplimiento
podemos afrontar, sin comprometer aún más la fiabilidad a la que aspiramos.
No me olvido de la deuda que yo
tengo que pagar con ustedes dando más vueltas a temas ya anteriormente
comentados, no, no crea. Pero volviendo
a lo del párrafo anterior, a este servidor de usted le gustaría que fuese
explicada la situación contable de todas esas facturas que ahora se pretende
pagar; por ejemplo ¿están previamente contabilizadas y controladas por los
respectivos servicios de la Intervención? O ¿estaban simplemente ocultas y sin
pasar por ningún control de la gestión pública? ¿Qué cantidad en un caso y en
el otro? La situación de estos compromisos
tiene su interés, créame, porque no solo afecta al sentido de la
responsabilidad de los gestores públicos, sino también a una falsificación
intencionada de la realidad, lo cual debería acarrear consecuencias, no
solamente políticas, sino también penales. Y si queremos volver a ser
considerados como un país serio, ese sería uno más de los grandes caminos a
recorrer: la depuración de responsabilidades. Que ningún gestor público, o
gestor de recursos públicos, disfrute de impunidad. Comparativamente, los gestores privados están
mucho más alejados de la impunidad, aunque excepciones las haya y usted y yo ya
lo vamos sabiendo.
Pero también tiene otra
consecuencia, cuál es la de cómo afecta a nuestros bolsillos. Hace unos días
escuchaba a unos ínclitos e inefables comentaristas, tales adjetivos son
aplicables a la misma persona, créame, afirmar que los tales treinta y cinco
mil millones no representaban incremento del déficit. Pues verá usted, mi amigo
lector, según y como; cuando uno tiene contabilizada una deuda, si para pagarla
tuviera que contraer un crédito la deuda seguiría siendo la misma (si no
tuviéramos en cuenta, gastos, intereses, quitas, etc.), pero admitamos que
seguiría siendo la misma, sólo que cambiando de acreedor. Ah, pero ¿qué sucede
cuando tal deuda aflora “ex novo” por no estar contabilizada? Primero, si tenemos efectivo se paga, con lo
que disminuye en la misma cuantía nuestro capital circulante; en tal caso, la
deuda no aumenta, pero sí lo hace el déficit al incorporar gastos cuyas
cuantías no estaban previstas en los presupuestos; por lo tanto, déficit. Segundo, si no tenemos
efectivo para pagar, y queremos hacerlo, no nos queda más remedio que acudir al
crédito, con lo cual incrementamos el déficit y además la deuda. Y los aumentos en los déficits generan más deuda. Lo mismo
le sucede a nuestro prestamista cuando no tiene dinero en caja. Esto lo sabe
perfectamente el Sr. Montoro, y acabaremos por saberlo nosotros también cuando
lo tengamos que pagar. Porque lo pagaremos, se lo aseguro. Como pagamos todo
¿quién si no?
Se preguntará usted que qué tiene
todo esto que ver con la deuda que yo tengo de tratar un asunto como el de que el abaratamiento del despido no tiene que
generar incremento en el desempleo. Lo iremos viendo juntos. Lo que
verdaderamente afecta al desempleo es la caída de la actividad económica que no
sólo sufre la crisis de los mercados, sino también en gran medida la
inadecuación de las estructuras organizativas, ya sean empresariales,
financieras o fiscales, y como consecuencia una menor capacidad de competir. Es
por ello que se hacen tan necesarias las reformas en la reglamentación laboral
(aunque no sólo en ella), reformas que permitan con menor coste la adaptación
de las empresas a las nuevas realidades. Y ocurre que un gran número de
empresas han tenido que desaparecer y otras estarán a punto de hacerlo por
incapacidad de abordar los costes de una reestructuración ¿Qué preferimos? ¿Reestructurarnos, o desaparecer todos? Que trabajen aquellos para los que hay
trabajo, o que no haya trabajo para ninguno. Que soportemos entre todos, como
ya lo estamos haciendo, el coste de los subsidios, siempre temporal, o una
situación de desempleo absolutamente insostenible, de tal forma que ya no
queden ni sostenedores (iba a escribir otra palabra con la misma raíz, pero …).
Mientras tanto, uno se entera de
dos actitudes ciertamente contrapuestas. La de los empresarios, encargados por
misión y por vocación de generar riqueza y empleo, que se proponen reducir los
costes de sus organizaciones asociativas. Bien. A este servidor le falta ver
que renuncian a las subvenciones que reciben de las distintas administraciones
del Estado, y que sus actividades y servicios las financian con sus propios
recursos. Y la de los sindicatos, que no
parecen abordar nada más que aquellas a las que forzadamente se ven conducidos
porque se quedan sin “caja” (parece que ya han emprendido algún ERE que otro).
Eso sí, continuarán con su fiesuelga,
bajo un nuevo y curioso argumento esgrimido por uno de sus preclaros líderes:
esta reforma laboral pareciera escrita por los empresarios. Bueno, este
argumento merecería cierta credibilidad si sus organizaciones resultaran
sostenibles, y sostenidas por sus propios afiliados, sin las escandalosas
contribuciones del Estado. Entonces sí,
estarían dando la medida de su propia capacidad, y todos veríamos de qué manera
cambiarían sus propuestas.
No sé si comencé a pagar deudas
con los asuntos que con usted tenía comprometidas, pero como voy a continuar
“dando la vara”, se lo prometo, poco a poco y cambiando de tercio de vez en
cuando, iré cumpliendo. No obstante, hoy
no quiero despedirme sin lanzar un nuevo reto:
¡Sr. Rajoy, acabe con las subvenciones, con todas!
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